Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, una Comisión de Alto Nivel, integrada por el Gabinete de Derechos Humanos, se desplazará al sector de Punta Gorda, Islas de la Bahía, donde varias familias garífunas fueron reprimidas y desalojadas por las fuerzas del orden.
En conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, dijo que lo ocurrido en la zona insular va contra la política de no represión que caracteriza al gobierno solidario de la primera mujer presidenta de Honduras.
Una cosa es la independencia de poderes y otra el respeto de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios que están protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual Honduras es signatario.
Fue justamente la titular del Ejecutivo, la primera que reaccionó al conocer del violento desalojo ordenado por el Poder Judicial.
“No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH”, expresó la mandataria.
La Comisión Interinstitucional que se trasladará a Punta Gorda la integran representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, Defensa, Seguridad, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Procuraduría General de la República y el Instituto de la Propiedad (IP).
La ministra Roque, que fue acompañada en la comparecencia ante la prensa por el resto del Gabinete de Derechos Humanos, dijo que llevan instrucciones precisas de la presidenta “para investigar estos hechos y deducir las responsabilidades pertinentes”.
“La instrucción de la Presidencia de la República es que no debe existir represión al pueblo hondureño”, recordó.
La primera gestión que hará la Comisión de Alto Nivel irá encaminada a liberar “a los defensores detenidos por la defensa del territorio ancestral: Dorotea Eliza López, Richard Armando Martínez, Efraín Sánchez Gómez, Keyder Gonzales, Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez”.
“Desde el Gabinete de Derechos Humanos atendemos y acatamos de forma inmediata la instrucción de la presidenta de la República que demandó un informe inmediato de los hechos”, refirió Roque.
En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos responsabiliza al Juzgado de Letras Departamental de Roatán “por actuar de forma contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y en contraposición con su mandato de representar los intereses de la sociedad en su conjunto”.
La comisión enviada por la mandataria Castro buscará soluciones concertadas, no criminalizadas, de este caso que afecta a los pueblos autóctonos.
