Es una iniciativa que garantiza la estabilidad laboral, la competencia leal y en ningún momento restringe el acceso a la canasta básica.
La Ley de Justicia Tributaria, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, en ningún momento ataca a la iniciativa privada, se trata de un proyecto que garantiza la estabilidad laboral y el acceso a la canasta básica.
Miembros del Gobierno que lidera la presidenta Xiomara Castro salieron al paso de un comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que rechaza el proyecto y hace observaciones que no van con la realidad.
“El proyecto que está siendo remitido al Congreso Nacional no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, la revisión de este decreto fue aprobada en Gabinete de Gobierno, ayer, por unanimidad”, expresó Marlon Ochoa, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Recordó que se trata de una propuesta contenida en el Plan de Gobierno para la Refundación presentada en tiempos de campaña al pueblo hondureño.
“Es una propuesta de ley ampliamente socializada, la diferencia entre esta propuesta que la Presidenta ha planteado y los gobiernos anteriores es que ahora sí hay un gobierno que defiende al pueblo y representa al pueblo”, añadió Ochoa.
En el proceso de concertación el Cohep hizo planteamientos que no fueron aceptados por el gobierno entre ellos “mantener escudos fiscales, formas que permitían la evasión fiscal, el blanqueamiento de capitales, acciones al portador, no intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países”.
La esencia del decreto que será debatido por el Congreso es combatir la corrupción, la evasión fiscal y, consecuentemente, mejorar los ingresos del Estado para beneficio de la mayoría de la población.
“La ley no es un ataque contra la empresa privada, no es ni siquiera un ataque contra las empresas exoneradas, ya que muchas usan bien sus exoneraciones”, expresó Ochoa.
“A todas las empresas que tengan una exoneración vigente se les va a respetar”, aclaró.
“Lo que sí se va a perder son privilegios y escudos que permitieron que en este país- en doce años- se perdieran más de 568 mil millones por exoneraciones”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, puntualizó que en Honduras hay más de 300 mil empresas y no todas forman parte del Cohep.
No es cierto que el proyecto del Ejecutivo sea “una desventaja competitiva”, sino que busca que las empresas mejoren sus estructuras de costos y dejen de depender de un exceso de exoneraciones.
Entre tanto, el secretario de Estado en los Despachos de la Presidencia, Rodolfo Pastor, rechazó- por su lado- que hayan funcionarios del gobierno que sean enemigos de la empresa privada.
“En ningún momento hemos atacado, hemos denunciado abusos, hemos señalado casos de corrupción”, dijo.
“Estamos claros en que la empresa privada es un socio crucial en el trabajo de desarrollar este país y de salir de la profunda crisis”, en que se encuentra.
En la conferencia de prensa estuvieron, además, el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero y el subdirector del SAR, Christian Duarte.
